La Provincia acaba de presentar ante los tribunales federales de La Plata una denuncia penal contra Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro por conductas que configurarían, entre otros, los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Nuestra provincia es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema, sino que además habría sido producto del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pretenden así quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgárselos a la ciudad más rica del país y así financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno.
Cabe recordar que las provincias nunca fueron escuchadas por la Corte Suprema pese a los reiterados pedidos presentados en tiempo y forma. Hoy el Congreso de la Nación tramita el juicio político contra la Corte por varias conductas opuestas a lo que dicta la Constitución Nacional.
Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes. Se debe impedir este arreglo político completamente ilegal. A nosotros nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires.
