El Gobierno decidió dar de baja la Ley de Alquileres, aprobada en 2020, y está buscando una alternativa para reemplazarla. La medida se debe a las críticas recibidas por parte de inquilinos y propietarios, quienes argumentan que la ley no ha logrado solucionar los problemas relacionados con el acceso a la vivienda y los alquileres.
La Ley de Alquileres, que entró en vigor en julio de 2020, establecía una serie de cambios en la regulación de los contratos de alquiler, con el objetivo de brindar mayor seguridad y estabilidad a los inquilinos. Entre las principales disposiciones, se establecía la extensión de la duración mínima de los contratos de alquiler a tres años, la actualización anual del precio según un índice oficial, y la obligación de registrar los contratos ante la AFIP.
Sin embargo, desde su entrada en vigor, la ley ha sido objeto de controversia, tanto por parte de los inquilinos como de los propietarios. Los inquilinos han argumentado que la ley no ha logrado reducir los precios de los alquileres ni mejorar el acceso a la vivienda, mientras que los propietarios han denunciado que la ley ha limitado su capacidad de fijar los precios y las condiciones de los contratos.
Ante estas críticas, el Gobierno ha decidido dar de baja la Ley de Alquileres y buscar una alternativa para reemplazarla. El objetivo es encontrar una solución que equilibre las necesidades de los inquilinos y los propietarios, brindando mayor seguridad y estabilidad a los primeros sin afectar la rentabilidad de los segundos.
El Gobierno ha señalado que está trabajando en conjunto con organizaciones de inquilinos y propietarios para elaborar una nueva propuesta de ley que tenga en cuenta las necesidades de ambas partes. Aunque aún no hay detalles específicos sobre los cambios que se propondrán, se espera que la nueva ley incluya medidas para reducir los precios de los alquileres y mejorar el acceso a la vivienda, al mismo tiempo que brinde mayores garantías a los propietarios.
